La Procuraduría General de la Nación ha iniciado un proceso disciplinario contra el exalcalde de Chía, Luis Carlos Segura Rubiano, y la exsecretaria de Educación, Liliana Andrea Villalobos Gordo, luego de que se constataran omisiones relacionadas con la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el año 2022. La formulación de cargos se enmarca en la revisión de la gestión administrativa en el municipio, lo que ha provocado la revisión de aspectos contractuales y de supervisión aplicada en la prestación de un servicio esencial para la comunidad estudiantil.
El organismo de control ha señalado que la interrupción del PAE, que afectó a 14.762 estudiantes de instituciones oficiales de Chía, se debió a la falta de continuidad en la contratación y supervisión del programa. Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Zipaquirá, la ausencia de medidas oportunas para prever el sistema contractual generó la suspensión del servicio en 12 escuelas públicas, lo que evidenció un margen de vulnerabilidad en la administración municipal de la época.
La interrupción administrativa que tuvo lugar durante al menos nueve días del calendario académico 2022 incidió en la prestación de un servicio vital y se tradujo en graves perjuicios para los menores beneficiarios del programa.
La revisión de la situación administrativa ha permitido evidenciar que, pese a la posibilidad de delegar ciertas tareas operativas, la responsabilidad última en la supervisión del servicio recae en el alcalde municipal. En este contexto, se investiga si hubo una planificación que considerara los tiempos contractuales y la logística necesaria para evitar cualquier interrupción del PAE, situación que según el proceso disciplinario se extendió por más de una semana durante el período señalado.
El caso ha puesto en particular el foco en el cumplimiento de las normativas del Ministerio de Educación, ya que la falta de previsión para la celebración de un nuevo contrato evidenció deficiencias en el control y la planificación administrativa.
Dentro del proceso disciplinario se resalta la importancia de contar con medidas preventivas y de supervisión continua, especialmente en servicios que tienen un impacto directo en la población estudiantil. El Ministerio Público ha expuesto que la conducta de los investigados podría entenderse como inadecuada en el marco de las responsabilidades asignadas a sus cargos, enfatizando que la debida diligencia es un requisito indispensable en la gestión pública.
Asimismo, se ha vinculado a la exsecretaria de Educación, Liliana Andrea Villalobos Gordo, a la omisión en el deber de asegurar la prestación ininterrumpida del servicio de alimentación escolar. La investigación examina de manera minuciosa la administración del programa, el procedimiento de contratación y el seguimiento de las condiciones estipuladas en el contrato anterior, aspectos que se consideran esenciales en el marco de la función pública.
El documento disciplinario presentado por el Ministerio Público, que consta de 52 páginas, subraya que la falta de previsión en la finalización del contrato anterior y la posterior demora en la celebración de uno nuevo, contribuyeron a la interrupción del servicio del PAE. La entidad investigadora insistió en que la omisión administrativa, atribuida a ambos exfuncionarios, se considera relevante en el marco de la responsabilidad de las autoridades para garantizar el bienestar de la población estudiantil.
Actualmente, el proceso disciplinario se encuentra en etapa de evaluación, y hasta la fecha, no se ha emitido decisión final sobre el fondo de la causa.