El Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó la condena de 32 meses de prisión contra Yolian Gustavo Camargo Triana, exconcejal del municipio de Viotá, por desviar recursos públicos destinados a ayudas humanitarias durante la pandemia de COVID-19.
Según la Fiscalía General de la Nación, en 2020 Camargo Triana manipuló la adjudicación de dos contratos por un valor total de 299 millones de pesos, destinados al suministro de 4.000 mercados para población vulnerable. Los convenios fueron entregados a una fundación con la que el exconcejal tenía vínculos informales. Posteriormente, se apropió indebidamente de al menos 78 millones de pesos.
El Tribunal lo halló culpable de los delitos de peculado por apropiación y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, ya que participó en procesos contractuales estando legalmente impedido.
Además de la pena de prisión, se le impuso una multa de 222 salarios mínimos legales vigentes y fue inhabilitado para ejercer funciones públicas por 32 meses.
La decisión hace parte de una serie de investigaciones sobre presuntas irregularidades en la contratación pública durante la emergencia sanitaria. Aunque la sentencia es de segunda instancia, la defensa aún puede presentar un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
La Fiscalía reafirmó su compromiso en la lucha contra la corrupción y recordó que toda persona procesada conserva su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva.