Cerca de 60 familias fueron desalojadas de un predio ubicado en Mosquera, Cundinamarca. Con retroexcavadoras y camiones, las autoridades realizaron un procedimiento que estaba dispuesto desde finales del 2024, pero que fue materializado hasta el pasado jueves, 10 de abril.
El terreno que hoy es centro de la polémica es el humedal Meandro del Say, ubicado entre los límites de Bogotá y el municipio de Mosquera, y que hoy es zona de protección ambiental por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
Las familias que fueron desalojadas, al parecer, habrían comprado esos lotes a los particulares “tierreros”, unos urbanizadores piratas que hacen negocio de los predios de manera irregular. Con inversiones entre 60 y 100 millones de pesos, los afectados fueron estafados con un terreno protegido por las autoridades.
El abogado Carlos Suárez, defensor de una de las familias, alega el accionar por parte de las diferentes entidades, pues asegura que nunca hubo una comunicación efectiva para solucionar esta problemática. El jurista manifiesta incluso que, a la fecha, las familias no tienen un techo dónde vivir.